El desperdicio de alimentos

La lentitud de una ley necesaria en tiempos de pandemia

En el mundo cerca de 1300 millones de toneladas de alimentos se desperdician al año. En Chile se pierden cerca de 27 mil toneladas en diferentes alimentos por mal manejo en la producción. Tales cifras, ya casi repetitivas, corresponden al estudio “Pérdidas y Desperdicios de Alimentos en el Mundo” realizado en el 2011 por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

El número que realmente impresiona es el 2016, año en que ingresó al congreso un proyecto que busca modificar el código sanitario para evitar el desperdicio de alimentos. Luego de cuatro años, la moción se encuentra en su segundo trámite constitucional de la Cámara de Diputados, pero sin la urgencia para legislar.

El proyecto tiene el objetivo de disminuir y prevenir la pérdida de alimentos aptos para consumo humano en cualquier punto de su cadena productiva, recuperarlos, distribuirlos, promover su consumo y fomentar sistemas alimentarios sostenibles.

El desperdicio de alimentos se refiere a la disminución en la cantidad o calidad de los alimentos como resultado de las decisiones y acciones de los minoristas, proveedores de servicios alimentarios y consumidores (FAO, 2019).

Según cifras de estudios realizados por la Universidad de Santiago (Usach) en Chile se botan 3.700 millones de kilos de comida cada año. Esto equivale a más de 4.000 canchas de fútbol rellenas de comida.

A pesar que hace años se tiene conocimiento que miles de toneladas de comidas son tiradas al bote de basura, el gran volumen de “desperdicio” toma un mayor significado en plena crisis sanitaria.

Antes de la pandemia eran 600 mil las personas que vivían en una situación de inseguridad alimentaria severa en Chile, aquello significa que en el país existían familias que no podían comer tres veces al día, así lo señaló el informe sobre Panorama de la seguridad alimentaria y nutrición en América Latina y El Caribe en el 2019.

En el contexto sanitario, FAO advirtió que un millón de chilenos podría pasar hambre a causa del Covid-19. Las predicciones estaban cercanas de la realidad. En plena pandemia el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri señaló: “Los vecinos no se me están muriendo de coronavirus, se me están muriendo de hambre”.

Para paliar el riesgo a pasar hambre, se realizaron innumerables ollas comunes en las poblaciones más vulnerables del país.

Frente a los peligros de la inseguridad alimentaria, Paolo Castro, director de la carrera Nutrición y dietética de Universidad Central de Chile, aclara: “La seguridad alimentaria está relacionada a tener acceso y disponibilidad a alimentos que sean seguros y nutritivos, cuando se pierde la posibilidad de adquirir estos alimentos, se presentan distintas variables de hambre. Es muy probable que no veamos a gente desnutrida, pero sí malnutrida”, explica.

El pasado 19 de noviembre el Banco Mundial reveló que, a raíz de la pandemia, 800 mil chilenos más serán considerados pobres a finales del 2020. En el año 2019, el país tenía una pobreza de un 8,1%, pero este año la cifra subirá a un 12,3%, debido a la crisis económica que dejó los meses de cuarentena en el país.

Mientras más personas se suman a los que ya viven con inseguridad alimentaria en Chile, el proyecto de ley que podría ayudar a sobrellevar la situación sigue esperando en el congreso.

La necesidad de una ley

El 3 de agosto del 2016 ingresó el proyecto que busca modificar el Código Sanitario estableciendo la obligación de donar los alimentos no comercializables a instituciones. La moción fue impulsada por los senadores Guido Girardi y José Manuel Ossandón.

El fin del proyecto no sólo busca limitar la inseguridad alimentaria, el objetivo también está en disminuir los índices de desperdicio, creando así efectos positivos en términos éticos, medioambientales y económicos.

El proyecto incluye la prohibición de destruir alimentos que, debido a circunstancias como mal embalaje, envases dañados o defectuosos, mala rotulación o proximidad del vencimiento, se encuentran aptos para el consumo humano. En relación con los alimentos decomisados, por resolución judicial o administrativa, la autoridad correspondiente debe disponer de ellos en un breve plazo para entregarlos a una institución sin fines de lucro.

Al ser consultado por Todos Decimos sobre los motivos de la lentitud del proyecto, el senador Ossandón manifestó: “Como en toda política pública, existen grupos de interés que se ven afectados y presionan para evitar o ralentizar las reformas. La clase política no ha tomado consciencia de la importancia del tema, dándole prioridad a otros proyectos”.

El académico Paolo Castro por su parte, afirma que una ley debe contemplar un sistema alimentario seguro y saludable. “Hoy no tenemos alimentos saludables.

Los alimentos deben ser sabrosos para que puedan ser consumido”. Además, sostiene que los alimentos deben ser soberanos, es decir que lo productos consumidos pertenezca a la tierra donde se plantan y de esta forma serán sostenibles: “Una alimentación no sostenible contribuye a un ecosistema que no se podrá seguir existiendo”, concluye Castro.

Lo dañino del desperdicio

Felipe Suárez, ingeniero agrónomo de la Universidad Católica y magister en Producción Vegetal, explica: “Desperdiciar alimentos hace que la producción de alimentos genere una ineficiencia en el uso de los recursos naturales. En el proceso se utiliza agua y superficies de plantación. Es necesario enfatizar que, en el caso de Chile, la agricultura usa casi el 70% de los derechos consuntivos de agua”.

“Las plantaciones agrícolas en laderas de cerros, principalmente palto, han reducido la superficie de bosque esclerófilo en el centro de Chile, donde destaca la especie nativa del quillay que es estudiada para generar la vacuna contra el coronavirus. Desperdiciar alimentos es perjudicial para la gestión de nuestros recursos naturales”, advierte Suárez.

Desperdiciar alimento apto para el consumo humano no solo perjudica a quienes lo necesitan, sino que también afecta tanto a la tierra, como al agua. Sin dejar fuera a la energía y a los insumos involucrados en la producción de los alimentos. Producir comida que no va a consumirse supone emisiones innecesarias de CO2.

“Hoy más que nunca es de vital importancia terminar con la tramitación del proyecto y convertirlo en ley, lo cual se sustenta, por una parte, en razones éticas y de protección al medio ambiente y, por otra, de poder dar una ayuda a los miles de personas que por la crisis originada por la pandemia han tenido severos problemas para conseguir una adecuada alimentación” concluye Ossandón.

Por su parte, la FAO es categórica: señala que la pérdida de alimento afecta a la seguridad alimentaria de los pobres, a la calidad y la inocuidad alimentarias, al desarrollo económico y al medioambiente.